Reforma a la Justicia Militar: uno de los pendientes del Gobierno

Desde el mundo de los DD.HH. hasta parlamentarios coinciden en la necesidad de realizar cambios sustantivos a la Justicia Militar, sobre todo en lo relativo a que funcionarios de carabineros no puedan ser juzgados por tribunales ordinarios cuando se ven involucrados en delitos civiles.

Imagen de Radio U. de Chile
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13 de Junio, 2015 08:06

Una de las reformas pendientes de la administración de Michelle Bachelet, y que figura en su programa de gobierno, tiene que ver con los cambios al Código de Justicia Militar, el cual ha sido criticado no solamente a nivel interno, sino a nivel internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH sentenció que Chile debe modernizar perentoriamente este cuerpo legal, hace ya diez años en noviembre de 2005, cuando emitió su resolución en el llamado “Caso Palamara”, el cual involucró al funcionario civil de la Armada, Humberto Palamara, a quien la institución le prohibió publicar un libro sobre la Marina, y le impuso sentencias relacionadas con los delitos de desacato y desobediencia, e incumplimiento de deberes militares.

Además, cabe recordar que recién en el año 2010, y luego de la presión ejercida por 32 comuneros mapuche que realizaron una huelga de hambre, se promulgó la ley N° 20.477 que terminó con la posibilidad de que civiles fuesen juzgados por tribunales militares, así como los menores de 18 años que forman parte de las Fuerzas Armadas.

Si bien el plazo autoimpuesto por el Gobierno para ingresar a trámite legislativo este proyecto es el primer semestre de este año, aún no hay luces de que esto se cumpla.

Uno de los puntos que más controversia genera es la posibilidad que tienen las cortes castrenses de juzgar a funcionarios de Carabineros cuando se han visto involucrados en delitos en que civiles han resultado con lesiones o fallecidos, como son los casos de Manuel Gutiérrez, quien fue asesinado por el sargento en retiro Miguel Millacura en medio de una jornada de protestas en agosto de 2011, o actualmente con Rodrigo Avilés quien quedó gravemente herido en las manifestaciones del último 21 de mayo, luego de recibir el chorro del carro lanza agua.

Hace algunos días la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fríes manifestó que es perentorio que se hagan cambios a la Justicia Militar y dar las garantías de que los derechos de los civiles no serán vulnerados: “Todo lo que sea transparentar las situaciones me parece un avance porque la ciudadanía tendrá certeza de que ante este tipo de casos se tomarán medidas. Es necesario reformas la Justicia Militar, debe quedar la garantía legal que no se vulnerarán los derechos civiles”.

En este mismo sentido opinó la abogada de Derechos Humanos, Magdalena Garcés sostiene que la Justicia Militar, en general tiende a favorecer a quienes son acusados de haber cometido algún delito, que en el último tiempo han sido funcionarios de Carabineros, además de las presiones a las cuales se pueden ver sometidos los jueces militares por sus superiores jerárquicos del alto mando.

“La Justicia Militar no da garantías ni a la víctima ni al imputado. Ahora, en general respecto de las víctimas no se cumple estándares de debido proceso que permitan que, por ejemplo, el juez militar, es un funcionario de carrera militar que puede ser inferior a un general, y por lo tanto puede recibir presiones desde el alto mando, para sojuzgar en determinado sentido, además los jueces militares no siempre son abogados, y lo que se ha demostrado en la práctica es que la Justicia Militar tiende a favorecer a quienes cometen delitos, a funcionarios de Carabineros que cometen delitos en contra de los civiles, como el caso de Manuel Gutiérrez, o el caso de los mapuches asesinados”.

La jurista, además hace énfasis en que los tribunales militares deben operar sólo para miembros de las Fuerzas Armadas, lo que no es el caso de Carabineros, quienes dependen del Ministerio del Interior, por lo mismo no tendría asidero que los delitos cometidos por integrantes de la policía uniformada sean vistos por este tipo de cortes.

Por su parte, parlamentarios miembros de la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, coincidieron en la necesidad de que el Gobierno envíe a la brevedad el proyecto de ley que implica la modernización del Código de Justicia Militar, y que sea tramitado con celeridad, tal como lo indicó el diputado del PPD, Jorge Tarud

“A mí me parece una necesidad, sea o no una promesa de Gobierno creo que hace mucho tiempo deberíamos haberlo hecho. Por lo tanto, yo espero que el Gobierno reaccione y ojalá le ponga urgencia a la iniciativa”.

De acuerdo al diputado de la UDI, Jorge Ulloa habló de un eventual acuerdo a nivel general en el Parlamento en orden a aprobar las transformaciones en la Justicia Militar, y desde su punto de vista, cuando se trate de delitos en los que se vea involucrado un carabinero con un civil, el uniformado debe ser juzgado por tribunales ordinarios.

“El Código de Justicia Militar es sólo para militares, y en situaciones bastante especiales, entonces hay un acuerdo general, ni siquiera de partidos, hay un acuerdo en entender que, efectivamente, esta es una necesidad de una modernización que el país requiere. El caso de carabineros entre carabineros lo tendría que ver, necesariamente de acuerdo hasta como yo lo veo, la Justicia Militar. Pero cuando se trata de carabineros versus civiles, lo van a tener que ver los tribunales civiles”.

El diputado del Partido Radical, José Pérez Arriagada hizo hincapié en la aceleración de los procesos judiciales, no solamente en el orden de la justicia castrense, también a en los tribunales civiles, además de reconocer que no conocen sobre los elementos que contendría el proyecto de reforma que el Gobierno debería enviar en las próximas semanas.

“Vamos a ver qué reforma plantean, porque nosotros no conocemos la nueva propuesta del Ejecutivo. Una vez que llegue yo podría decirte si estoy o no estoy de acuerdo con ella, pero evidentemente que en materia de justicia, a todo nivel, tenemos que acelerar los procesos, porque la lentitud con que se avanza en algunas investigaciones, de cualquier naturaleza, esto que pudiera afectar a los Derechos Humanos, u otras que son delitos comunes, vemos con la lentitud pasmosa que esto avanza”.

Pérez Arriagada recordó un caso ocurrido en la localidad de Negrete (Región del Bio-Bío) en donde un carabinero disparó y dio muerte a un civil en el contexto de la campaña primaria de la Concertación entre Ricardo Lagos y Andrés Zaldívar, en 1999, y que sólo nueve años después hubo una resolución por parte de los tribunales militares, en la cual se indemnizó a la familia del fallecido.

La abogada Magdalena Garcés recordó que la justicia civil ha hecho algunos progresos, en cuanto a jurisprudencia, al declararse competente para juzgar ciertos casos en los que se han visto involucrados funcionarios de Carabineros, sin embargo son hechos aislados, y que por el sistema legal que rige en Chile, estos no sientan precedente para futuros casos similares.

En este sentido, cabe recordar que durante la visita que tres ministros de Estado realizaron al estudiante Rodrigo Avilés, en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, la titular de Justicia, Javiera Blanco declaró que su caso sería visto por los tribunales civiles, situación que la abogada valoró como una disposición política que demuestra hacia dónde se debe avanzar.

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